La nueva geografía del poder

Las elecciones seccionales de 2027 son mucho más que una disputa por alcaldías y prefecturas. Son la batalla por el control del territorio desde donde comenzará a construirse la Presidencia de la República de 2029.

Existe un cambio político silencioso que todavía no ocupa el lugar que merece en el debate nacional.

La geografía del poder en el Ecuador está cambiando.

Durante décadas, la disputa política se concentró en el Gobierno Central. Hoy comienza a desplazarse hacia los territorios. Las elecciones seccionales de 2027 representan la expresión más visible de esa transformación y, probablemente, el primer gran capítulo de la carrera presidencial hacia 2029.

La Proforma del Presupuesto General del Estado 2026 y la Programación Fiscal 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas muestran un escenario extraordinariamente restrictivo. En 2026, el Estado deberá destinar alrededor de USD 12.800 millones al servicio de la deuda pública —entre intereses y amortizaciones—, equivalente aproximadamente al 28% del Presupuesto General del Estado y a más del 36% del gasto público. Paralelamente, el programa de consolidación fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional prevé reducir las necesidades de financiamiento del Estado del 4,7% del PIB en 2026, al 3,4% en 2027 y al 2,1% en 2028.

La consecuencia política de esos números es evidente.

Un Gobierno con menor capacidad de inversión tendrá también menor capacidad para construir legitimidad mediante la obra pública nacional.

Y cuando el presupuesto nacional deja de ser la principal herramienta para construir poder político, el territorio adquiere un valor estratégico sin precedentes.

Allí aparece la verdadera dimensión de las elecciones seccionales.

Solo Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí —incluyendo Guayaquil, Quito, Cuenca, Portoviejo y Manta— administran conjuntamente más de USD 3.400 millones en presupuestos públicos anuales. Allí estará buena parte de la inversión visible para la ciudadanía. Allí se construirán liderazgos. Allí se consolidarán estructuras políticas. Allí comenzará realmente la elección presidencial de 2029.

Guayaquil merece una consideración especial. No es únicamente el municipio con mayor presupuesto del país. Es el principal centro económico del Ecuador, uno de los mayores activos electorales y la verdadera joya de la corona del poder territorial. Históricamente, quien logra consolidar influencia política sobre Guayaquil adquiere una ventaja competitiva de alcance nacional.

Desde esa perspectiva, la judicialización del alcalde Aquiles Álvarez, el acercamiento político entre el Gobierno Nacional y la Prefectura del Guayas, la confrontación entre el Gobierno Central y el Municipio de Quito, la suspensión del alcalde de Cuenca y el debate sobre la reforma al COOTAD y la autonomía financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados dejan de ser acontecimientos inconexos cuando se observan de manera conjunta.

No corresponde atribuir intenciones ni anticipar responsabilidades jurídicas que deben ser determinadas por las autoridades competentes. Lo que sí puede afirmarse es que todos esos hechos producen un efecto político verificable: modifican el equilibrio del poder territorial en vísperas de las elecciones seccionales.

Para el Gobierno, consolidar presencia en esos territorios significa construir una plataforma política capaz de compensar las limitaciones impuestas por la estrechez fiscal y proyectar la continuidad de su proyecto hacia 2029.

Para la Revolución Ciudadana, el desafío tiene un carácter existencial. Después de tres derrotas presidenciales consecutivas (2021, 2023 y 2025), necesita demostrar que continúa siendo la principal fuerza territorial del Ecuador. La suspensión de su organización política añade un desafío adicional: reorganizar miles de candidaturas, alianzas y estructuras electorales en plena antesala del proceso.

Todo indica que el Ecuador avanza hacia un sistema de competencia predominantemente bipolar entre ADN y la Revolución Ciudadana, mientras los movimientos locales y otras organizaciones políticas intentarán convertirse en actores bisagra mediante acuerdos territoriales.

Sin embargo, interpretar estas elecciones únicamente como una disputa entre oficialismo y oposición sería repetir el mismo error de análisis.

El verdadero protagonista debería ser el ciudadano.

Porque el ciudadano no elegirá solamente alcaldes y prefectos. Elegirá quién administrará miles de millones de dólares de inversión pública, quién ejecutará las obras que transformarán su comunidad y quién comenzará a construir, desde el territorio, la próxima mayoría política del Ecuador.