El espejismo del crecimiento: deuda, empleo y la ejecución que no despega

Tras un año de contracción económica y promesas de recuperación, Ecuador enfrenta un dilema entre cifras optimistas y una realidad de bajo empleo, baja ejecución presupuestaria y escaso impacto social de su deuda pública.

En 2024, la economía ecuatoriana se contrajo cerca de un 2%. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa ha anunciado que el país crecerá un 4% este año. Sobre el papel, la cifra parece alentadora; en la vida real, muchos ciudadanos aún no sienten mejora alguna. En los hogares, el empleo pleno sigue siendo privilegio de pocos y la incertidumbre domina las conversaciones. El contraste entre los discursos y la economía real ha creado una sensación generalizada: el país crece en cifras, pero no en bienestar.

Cuando se parte de un año con caída económica, cualquier repunte luce como un salto espectacular. Pero es, en realidad, un rebote estadístico. Si en 2024 el PIB cayó alrededor de 2% y en 2025 se proyecta un crecimiento de 4%, el país apenas estaría recuperando lo perdido. Es como subir un escalón después de haber bajado dos. Las familias lo saben: las ventas siguen bajas, los empleos escasos y los precios altos. Ese crecimiento anunciado aún no se refleja en los bolsillos.

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el crecimiento promedio de Ecuador para los próximos años será apenas de entre 1,8% y 2% anual. Es un ritmo insuficiente: no permitirá equilibrar las cuentas públicas, reducir las desigualdades ni ampliar las oportunidades para todos. Y cuando la economía avanza tan lentamente, cada dólar que se paga por intereses o amortizaciones es un dólar menos para escuelas, salud y caminos vecinales. En ese contexto, la deuda deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un peso que limita la capacidad del Estado para atender las necesidades más básicas de su gente.

Durante los últimos años, el endeudamiento público ha sido la tabla de salvación del Estado. Se ha usado para pagar obligaciones atrasadas, cubrir déficits, atender emergencias y mantener el aparato público en funcionamiento. Pero la deuda no ha generado un salto productivo ni social. No hay evidencia de que esos recursos se hayan traducido en más empleo, más inversión o mejores servicios públicos. En lugar de construir futuro, buena parte de la deuda se ha gastado en sostener el presente.

A esto se suma un problema silencioso: la baja ejecución presupuestaria. Muchos ministerios y programas públicos no logran ejecutar ni el 70% de sus presupuestos. Hay recursos aprobados, pero no transformados en obras ni servicios. Escuelas y carreteras  sin mantenimiento, hospitals sin medicamentos. Tener dinero y no usarlo bien es casi tan grave como no tenerlo. La falta de gestión pública efectiva explica por qué la deuda no se traduce en progreso.

Tres de cada diez ecuatorianos tienen empleo pleno. El resto vive entre la informalidad, los contratos precarios o el desempleo oculto. Las cifras oficiales pueden parecer estables, pero detrás hay millones de historias de frustración. Jóvenes con títulos que no consiguen trabajo, mujeres que combinan dentre dos a tres ocupaciones para sostener un hogar, adultos mayores que siguen trabajando por falta de pensión suficiente. No hay crecimiento sostenible sin empleo digno y,  no hay empleo digno sin inversión pública, innovación y apoyo decidido al sector productivo nacional.

El país necesita cambiar el sentido de su deuda. No se trata de endeudarse más o menos, sino de endeudarse mejor. Cada dólar tomado prestado debería tener un destino claro: educación, salud, energía, innovación, seguridad o infraestructura productiva. El crédito que no mejora la vida de las personas termina siendo solo una deuda más. El Estado ecuatoriano debe volver a ser un buen gestor: ejecutar bien, planificar a largo plazo y medir resultados, no solo presupuestos.

El Ecuador necesita un Estado que deje de ser un simple administrador de crisis y se convierta en un facilitador del desarrollo. Eso no significa retirarse, sino hacer mejor su trabajo: planificar, regular con equilibrio y generar confianza. La inversión privada —nacional y extranjera— no llega por decreto, llega donde hay estabilidad, claridad de reglas, justicia que funcione y servicios públicos eficientes. El Estado debe ser un socio estratégico, no un obstáculo: acompañar proyectos productivos, simplificar trámites, garantizar seguridad jurídica y apoyar con infraestructura. Cada dólar invertido por el sector privado que genera empleo formal y paga impuestos es también un acto de política social. Si el Estado logra combinar disciplina fiscal, inversión pública eficiente y un entorno favorable a la empresa responsable, entonces la deuda se convierte en palanca, no en peso.

Ecuador no necesita milagros económicos, sino coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Las promesas de crecimiento son importantes, pero deben sostenerse en hechos: empleo digno, servicios de calidad, inversión que llegue a las comunidades. Si la deuda, el presupuesto y el crecimiento no mejoran la vida de la gente, entonces solo estamos mirando cifras, no progreso. El verdadero desarrollo no se mide en porcentaje, sino en esperanza y oportunidades compartidas.

Octubre 21, 2025.-